El infierno verde

La explotación de los yacimientos petrolíferos en América Latina lleva constantemente a la destrucción de miles de kilómetros cuadrados de selva, así como de tierras campesinas destinadas al pastoreo y la producción de cultivos. Desde empezó la extracción de petróleo en la Amazonía peruana en los 1970 y se estableció la corporación petrolera estatal Petro Perú, la situación en ese país siguió el guión del vecino Brasil.

Las investigaciones muestran que la destrucción incontrolada de la selva afecta no sólo al frágil ecosistema amazónico, sino también a la situación económica de los pueblos indígenas de la región. La pobreza entre la población indígena del Perú es persistente: el 98% no tiene acceso a los servicios públicos, el 78% vive por debajo del umbral de la pobreza y el 49% en la pobreza. Muchos indígenas carecen de acceso al agua potable, servicios de salud y comodidades modernas mínimas.

A pesar de declaraciones sobre las garantías de los derechos indígenas a las tierras comunales, las autoridades peruanas casi siempre están del lado de grandes corporaciones petroleras. De hecho, los indígenas se vuelven indefensos frente a las grandes empresas, a menudo extranjeras, que tienen vista puesta en sus tierras ricas en materias primas.

Hace poco la compañía petrolera Pluspetrol obtuvo acceso a tierras habitadas por tribus indígenas aislados de los Pucapucari, Nahua y Nanti, que no se habían encontrado previamente con la civilización moderna y no podrían adaptarse a las condiciones fuera de su entorno en Amazonas. Según datos oficiales, de 2013 a 2020 fueron asesinados 14 líderes de comunidades indígenas del Perú. Sin embargo, no se presentaron cargos.

La falta de protección real por parte de las autoridades empuja a los indígenas a tomar medidas decisivas. En respuesta a la arbitrariedad la población indígena suele atacar la infraestructura petrolera. Los indígenas están convencidos de que los petroleros llevan la extraccíon en sus tierras ilegalmente, contaminan el suelo y privan a los campesinos del acceso al agua potable.

Por su parte, las corporaciones petroleras, en particular Petro Perú, acusan cada vez más fuerte a las comunidades locales de terrorismo y sabotaje que, según las empresas, conducen a la ruptura de oleoductos y derrames del petróleo. Casi todos los accidentes ocurridos en los últimos años fueron acompañados por reclamos contra la población de las aldeas indígenas cercanas.

Al mismo tiempo, cabe señalar que los informes oficiales de los ecologistas indican que las compañías petroleras no siempre mantienen los oleoductos en debidas condiciones, mientras que la policía nacional contratada por ellas aterroriza a los locales bajo el pretexto de monitorear e inspeccionar los oleoductos.

Se observa que a mediano plazo la situación actual no solo podría empeorar las relaciones entre las autoridades y los indígenas, sino también dar un nuevo impulso al «factor indígena» en la vida política del Perú.

Alena Snegireva

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